Mari Carmen, 87 años y 71 en su casa: ¿debería impedir la ley un desahucio así?

El desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en la misma vivienda de Madrid, reabre un debate especialmente delicado: ¿debería la legislación española impedir que personas de edad avanzada y en situación de vulnerabilidad puedan terminar perdiendo el hogar en el que han pasado prácticamente toda su vida?

El caso ha provocado una importante reacción social después de que Mari Carmen tuviera que abandonar la vivienda en la que residía desde mediados del siglo pasado.

La actuación se produjo dentro de un procedimiento judicial, por lo que resulta importante diferenciar dos cuestiones: que un desahucio cuente con respaldo legal no significa necesariamente que la legislación que permite llegar hasta esa situación no pueda ser revisada.

Más de siete décadas viviendo en la misma casa

El origen del caso se encuentra en un antiguo contrato de alquiler firmado hace décadas por la familia de Mari Carmen.

Con el paso de los años se produjeron diferentes subrogaciones del contrato hasta que surgió el conflicto entre la actual propiedad del inmueble y la continuidad de Mari Carmen como arrendataria.

La normativa española limita determinadas subrogaciones en los contratos de alquiler antiguos, lo que terminó siendo una de las claves jurídicas del procedimiento.

Tras diferentes resoluciones judiciales, la propiedad obtuvo finalmente respaldo para recuperar la vivienda.

Un alquiler prácticamente imposible de asumir

Uno de los elementos que más debate ha generado es la enorme diferencia entre la renta que Mari Carmen venía abonando y el precio que tendría que pagar para permanecer en la vivienda en las condiciones actuales del mercado.

La situación económica de una persona jubilada puede hacer prácticamente imposible afrontar determinados precios de alquiler en zonas de Madrid donde los precios de la vivienda han aumentado considerablemente durante los últimos años.

Y es precisamente aquí donde aparece la cuestión fundamental: ¿debería existir una protección adicional para personas mayores que llevan décadas viviendo en una misma vivienda?

El derecho de propiedad también debe protegerse

El debate no puede ignorar tampoco los derechos de los propietarios.

El derecho de propiedad está reconocido legalmente y cualquier modificación legislativa debería mantener un equilibrio entre la protección de las personas vulnerables y el derecho del propietario a disponer de su inmueble.

Sin embargo, existen diferentes mecanismos que permitirían proteger ambas partes sin hacer recaer todo el coste sobre una de ellas.

¿Qué soluciones podrían estudiarse?

Casos como el de Mari Carmen podrían abrir la puerta a estudiar mecanismos específicos para personas de edad muy avanzada cuando concurran circunstancias excepcionales.

• Residencia continuada durante varias décadas.
• Edad avanzada.
• Ingresos económicos reducidos.
• Situación de dependencia o discapacidad.
• Ausencia de una alternativa habitacional adecuada.

La Administración podría intervenir mediante ayudas públicas, alquileres protegidos, viviendas alternativas o fórmulas de compensación a los propietarios.

De esta manera, la protección de una persona vulnerable no tendría por qué significar que el propietario pierda sus derechos.

Un problema que va más allá de Mari Carmen

El caso ha adquirido una enorme repercusión precisamente porque representa un problema que podría repetirse a medida que envejece la población española.

Muchas personas mayores continúan viviendo bajo contratos antiguos de alquiler mientras el precio de la vivienda ha aumentado considerablemente en determinadas ciudades.

El legislador tendrá que decidir hasta qué punto debe existir una protección especial para quienes han construido prácticamente toda su vida en una vivienda que no es de su propiedad.

Legalidad y justicia social no siempre son el mismo debate

Conviene insistir en un aspecto fundamental: el desahucio de Mari Carmen se produjo dentro de un procedimiento judicial.

Por ello, afirmar simplemente que el desahucio fue ilegal no sería correcto.

La cuestión que plantea su caso es diferente: si una legislación puede permitir que una persona de 87 años abandone después de más de siete décadas la vivienda que considera su hogar, quizá sea necesario estudiar si esa legislación necesita mecanismos adicionales de protección.

Una sociedad también se define por la manera en la que protege a sus ciudadanos más vulnerables.

Y después del caso de Mari Carmen, el debate vuelve a estar encima de la mesa.

¿Debería España impedir por ley desahucios de este tipo cuando afectan a personas de edad muy avanzada y no existe una alternativa habitacional adecuada?

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