Madrid da 48 horas al delegado del Gobierno para desalojar Sol: “La impunidad y el desorden no pueden seguir”

La tensión institucional por la acampada de la Puerta del Sol sube un nuevo escalón. La Comunidad de Madrid ha enviado un requerimiento formal al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para que ordene el desalojo del campamento instalado en pleno centro de la capital en un plazo máximo de 48 horas.

El aviso no es únicamente político. El Ejecutivo regional ha anunciado que, si la Delegación del Gobierno no atiende el requerimiento, acudirá a la vía judicial y solicitará medidas cautelares para tratar de poner fin a la acampada.

“La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir”

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, fue el encargado de anunciar la decisión.

Desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño en la propia Puerta del Sol, García Martín afirmó que la situación no puede prolongarse y reclamó directamente al delegado del Gobierno que dé las instrucciones necesarias para liberar la plaza.

La Comunidad sostiene que la acampada se está desarrollando de manera irregular y denuncia que está provocando molestias tanto a vecinos como a comerciantes de la zona.

El Gobierno autonómico también ha puesto el foco en la protección de la Real Casa de Correos, edificio con más de 250 años de historia y declarado Bien de Interés Cultural.

Pintadas, basura y orines: las denuncias de la Comunidad

Entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo madrileño para exigir el desalojo figuran las pintadas, acumulación de residuos y suciedad que, según la Comunidad, se han producido durante los últimos días alrededor de la plaza y de la sede institucional.

El Gobierno regional considera que la protesta ha superado los límites de una movilización convencional y acusa a la Delegación del Gobierno de permitir una situación que considera ilegal.

Además, asegura mantener contacto permanente con comerciantes de la zona, que temen que una permanencia prolongada del campamento pueda repercutir negativamente en sus negocios.

Madrid amenaza con acudir a los tribunales

El ultimátum tiene una fecha límite clara: 48 horas.

Si transcurrido ese plazo el delegado del Gobierno no ordena el desalojo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo y solicitará medidas cautelares.

El Ejecutivo regional también se reserva la posibilidad de estudiar otras acciones judiciales, incluidas eventualmente acciones penales, dependiendo de cómo evolucione la situación.

La batalla por Sol podría pasar así de la discusión política a los tribunales.

Delegación del Gobierno rechaza, por ahora, intervenir

La posición de la Delegación del Gobierno es muy diferente.

Francisco Martín ha defendido que la Policía Nacional debe actuar atendiendo a criterios de seguridad y proporcionalidad y ha sostenido que, mientras no existan alteraciones graves del orden público, no considera necesaria una intervención policial para desalojar la protesta.

Delegación también ha reclamado a la Comunidad de Madrid que respete el derecho fundamental de reunión de los participantes.

Se produce así un choque directo entre dos administraciones: la Comunidad exige desalojar y Delegación sostiene que no concurren actualmente circunstancias que justifiquen una actuación policial.

Una acampada nacida tras el caso Maricarmen

La protesta comenzó después del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, cuyo caso desencadenó una fuerte movilización social por la situación de la vivienda.

Lo que comenzó como una protesta vinculada a ese caso concreto ha evolucionado hacia una movilización más amplia contra los desahucios, el precio de los alquileres y el actual modelo de vivienda.

Durante los últimos días, el número de tiendas y participantes ha aumentado y los organizadores han manifestado su intención de continuar en la plaza mientras se debaten las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno.

El Gobierno ya ha aprobado dos decretos, pero la protesta continúa

El Ejecutivo central ha reaccionado al conflicto aprobando dos reales decretos en materia de vivienda.

Entre las medidas planteadas aparecen una ampliación de determinadas protecciones frente a los desahucios, prórrogas para contratos de alquiler y nuevas restricciones e incentivos relacionados con el mercado residencial.

Sin embargo, los manifestantes consideran insuficiente la respuesta y han decidido continuar con la movilización.

La situación resulta especialmente llamativa: la protesta que reclamaba medidas inmediatas ha conseguido provocar una reacción legislativa del Gobierno, pero ni siquiera la aprobación de los decretos ha supuesto el final de la acampada.

La Comunidad señala directamente a Francisco Martín

La actuación del delegado del Gobierno se ha convertido en el centro de la confrontación.

Desde la Comunidad de Madrid consideran que corresponde a Delegación adoptar las medidas necesarias para recuperar la normalidad en la plaza y reprochan a Francisco Martín que hasta ahora no haya ordenado una intervención.

El Gobierno regional sostiene que la ausencia de incidentes graves no elimina otros problemas relacionados con la ocupación continuada del espacio público, la limpieza, la actividad económica o la protección del patrimonio.

Delegación, en cambio, insiste en que una intervención policial debe estar justificada y ser proporcional.

¿Derecho de reunión o ocupación indefinida del espacio público?

El conflicto abre además un debate jurídico y político más amplio.

El derecho de reunión está protegido constitucionalmente y constituye uno de los pilares de cualquier sistema democrático. Sin embargo, tampoco supone automáticamente un derecho ilimitado a ocupar de manera indefinida cualquier espacio público.

La cuestión que deberán determinar las administraciones —y eventualmente los tribunales— es dónde se encuentra la frontera entre una protesta legítima y una ocupación prolongada que interfiera de manera desproporcionada en otros derechos e intereses.

Ese será probablemente uno de los argumentos centrales si finalmente el Gobierno madrileño cumple su amenaza y lleva el asunto ante la Justicia.

48 horas para una decisión

La pelota está ahora en el tejado de la Delegación del Gobierno.

Francisco Martín deberá decidir si mantiene su posición y permite que continúe la protesta o modifica el criterio y ordena el desalojo.

Mientras tanto, los manifestantes mantienen su intención de permanecer en la Puerta del Sol y la Comunidad de Madrid eleva la presión institucional.

En apenas unos días, el caso Maricarmen ha pasado de un desahucio concreto a provocar dos decretos de vivienda, una acampada en uno de los lugares más emblemáticos de España y ahora un enfrentamiento abierto entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno.

Las próximas 48 horas determinarán si el conflicto se resuelve en la plaza o termina trasladándose a los tribunales.