La jueza del ‘caso hermanísimo’ entra como acusación en el ‘caso Leire’ tras denunciar contactos con un clan narco para intimidarla

La jueza Biedma entra como acusación en el ‘caso Leire’ tras denunciar contactos con un clan narco para intimidarla

La Audiencia Nacional ha admitido a la magistrada Beatriz Biedma como acusación particular en el denominado ‘caso Leire’. La jueza sostiene que fue objetivo de maniobras destinadas a desacreditarla y apartarla de la investigación sobre David Sánchez. Entre las informaciones incorporadas al procedimiento aparecen supuestos contactos con personas vinculadas a un clan del narcotráfico de Badajoz.

La jueza de Badajoz pasa de investigar a denunciar que ella misma fue objetivo

El denominado ‘caso Leire’ ha dado un nuevo giro. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aceptado que la magistrada Beatriz Biedma ejerza como acusación particular y la ha citado para declarar el próximo 8 de octubre en condición de perjudicada.

Biedma fue la magistrada encargada de investigar el procedimiento relacionado con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ahora sostiene que, mientras desarrollaba aquella instrucción, se habrían producido actuaciones destinadas a obtener información sobre ella, desacreditarla profesional y personalmente, promover denuncias y tratar de apartarla de determinados procedimientos judiciales.

Pedraz considera que existen elementos suficientes para reconocerla como perjudicada dentro del procedimiento, al menos en relación con un posible delito de calumnias.

La UCO situó a Biedma entre los objetivos de la presunta organización

El escrito presentado por la magistrada se apoya, entre otros elementos, en informes elaborados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO.

Según las informaciones conocidas sobre dichos informes, una de las líneas de actuación que se investiga habría tenido como objetivo precisamente a la magistrada Beatriz Biedma.

La investigación de la Audiencia Nacional trata de esclarecer la posible existencia de una estructura dedicada presuntamente a obtener información y desarrollar actuaciones contra determinadas personas vinculadas a investigaciones judiciales políticamente sensibles.

Entre las personas investigadas figura la exmilitante socialista Leire Díez, además de otras personas relacionadas con las actuaciones actualmente bajo investigación.

Será el procedimiento judicial el que determine finalmente si existió realmente una organización coordinada, quiénes participaron en ella y qué responsabilidades penales podrían derivarse.

El episodio más grave: un supuesto contacto con un clan del narcotráfico

Pero el extremo más delicado de las informaciones conocidas en las últimas semanas va mucho más allá de una posible campaña de desprestigio.

Biedma comunicó a la Audiencia Nacional que había tenido conocimiento de la existencia de contactos con personas relacionadas con un conocido clan asentado en Badajoz, supuestamente con la finalidad de actuar contra ella.

La propia magistrada advirtió de que, en caso de confirmarse esos extremos, los hechos podrían haber llegado a comprometer incluso su integridad física.

El asunto adquirió todavía mayor relevancia después de que trascendieran informaciones relacionadas con el clan conocido como Los Rochos.

La referencia al “sustillo” a la magistrada

Posteriormente, Vox presentó una querella en la que sostiene que se habría intentado recurrir a personas vinculadas al citado clan para darle un “sustillo” a la magistrada.

Según las informaciones publicadas sobre esa querella, se habría trasladado a un intermediario información relativa a la jueza con la supuesta intención de intimidarla.

Además, una persona vinculada al entorno del clan aseguró públicamente haber recibido una propuesta para actuar contra Biedma, una propuesta que, según su versión, habría sido rechazada.

Estas afirmaciones forman parte de denuncias, testimonios e informaciones incorporadas o relacionadas con el procedimiento y todavía deberán ser verificadas judicialmente.

Por tanto, no puede afirmarse en este momento como hecho probado que existiera una orden para agredir o intimidar físicamente a la magistrada. Será la investigación la que determine exactamente qué ocurrió.

Una anotación en la agenda de Leire Díez

Otro de los elementos puestos sobre la mesa por Biedma es una anotación fechada el 25 de marzo de 2025 localizada en una agenda atribuida a Leire Díez.

En ella aparecen referencias a la jueza de Badajoz junto con otros términos que han sido relacionados en diferentes informaciones con los contactos investigados.

La magistrada solicitó que se profundizara en el significado de esta anotación y en su posible relación con personas del citado clan.

Sin embargo, existe un matiz judicial especialmente importante: Santiago Pedraz ha rechazado por ahora abrir una investigación específica únicamente sobre esta anotación.

El instructor considera que, en el estado actual de las actuaciones, no existen suficientes elementos adicionales como para abrir una línea independiente de investigación basada exclusivamente en su contenido.

Esto no implica que la cuestión quede definitivamente descartada. En caso de aparecer nuevos indicios durante la investigación, podría volver a ser analizada.

De instructora a perjudicada

La situación resulta especialmente significativa porque la persona que ahora comparecerá como perjudicada es precisamente una magistrada que estaba investigando un procedimiento judicial con una enorme repercusión política.

Biedma sostiene que las actuaciones dirigidas contra ella no habrían supuesto únicamente un posible perjuicio personal o reputacional.

Según su planteamiento, la posible finalidad habría sido también interferir en el trabajo de un órgano judicial y condicionar el desarrollo de una investigación.

La Audiencia Nacional tendrá ahora que determinar hasta dónde llegaron realmente esas actuaciones, quién participó en ellas y si existió coordinación entre las distintas personas investigadas.

Una investigación con profundas implicaciones institucionales

Si finalmente se acreditase que determinadas personas trataron de obtener información sobre una magistrada o intimidarla con el objetivo de alterar el desarrollo de un procedimiento judicial, el asunto trascendería ampliamente el ámbito de una disputa política.

Estaría en juego uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de derecho: la independencia de los jueces y la posibilidad de desarrollar investigaciones judiciales sin presiones externas.

Precisamente por la gravedad de las acusaciones, resulta fundamental distinguir entre los hechos ya acreditados, las actuaciones que están siendo investigadas y las acusaciones formuladas por las diferentes partes.

El 8 de octubre, una declaración clave

El siguiente momento relevante del procedimiento llegará el próximo 8 de octubre.

Ese día, Beatriz Biedma declarará ante Santiago Pedraz como perjudicada y podrá además intervenir en el procedimiento ejerciendo como acusación particular.

El caso entra así en una nueva fase.

La Audiencia Nacional no solo deberá esclarecer si existieron maniobras destinadas a obtener información comprometedora, desacreditar a determinadas personas o interferir en investigaciones judiciales.

También tendrá que aclarar hasta dónde llegaron las actuaciones dirigidas específicamente contra una magistrada que instruía una causa de enorme trascendencia política.

Y sobre el episodio más grave —el supuesto contacto con personas vinculadas al narcotráfico con la intención de intimidarla— será la investigación judicial la que deberá establecer qué ocurrió realmente, quién participó y con qué finalidad.

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Nota: los hechos relativos al supuesto intento de intimidación, los contactos con personas vinculadas al clan de Los Rochos y la posible existencia de una estructura organizada se encuentran bajo investigación judicial. Las personas investigadas mantienen intacta su presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme.