El Congreso del espectáculo: todos señalan, nadie responde y los problemas siguen ahí

OPINIÓN | POLÍTICA

España en modo espectáculo: un Gobierno que protesta contra sí mismo y una oposición que vive del incendio

Mañana vuelve el Congreso. Vuelven los discursos, los aspavientos, las frases preparadas y las acusaciones cruzadas. Pero mientras todos buscan culpables, vivienda, Ceuta, los escándalos judiciales y la inestabilidad parlamentaria siguen esperando soluciones.

Mañana vuelve el Congreso. Vuelven los discursos, los aspavientos, las frases preparadas y las acusaciones cruzadas. El martes 29 de septiembre comienza el Pleno y el miércoles llegará la sesión de control al Gobierno. PP, PSOE, Vox, Sumar, ERC, Junts, PNV, Podemos… todos tendrán su espacio.

Y probablemente todos encontrarán a alguien a quien culpar.

El problema es que España acumula cuestiones demasiado serias como para reducirlas a treinta segundos de vídeo.

Vivienda. Ceuta. Inestabilidad parlamentaria. Un expresidente del Gobierno investigado con más de 60 joyas encontradas en una caja fuerte. Nuevas comunicaciones entre Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez. Una coalición que discute públicamente consigo misma. Socios parlamentarios capaces de decidir si una norma vive o muere.

Y en mitad de todo eso, el ciudadano intentando descubrir una cuestión aparentemente sencilla: ¿quién se está haciendo responsable de algo?

PSOE: gobernar negociando cada votación

El PSOE ocupa la Presidencia del Gobierno.

Ese dato tan elemental empieza a perderse algunas veces entre el ruido.

Pedro Sánchez gobierna, pero su Ejecutivo no dispone de una mayoría parlamentaria propia. Cada iniciativa relevante obliga a reconstruir prácticamente desde cero una mayoría formada por partidos con posiciones muy distintas.

La dificultad no es teórica.

Hace menos de dos semanas, PP, Vox, Junts y UPN tumbaron el decreto del Gobierno sobre los grupos de interés. Ahora ocurre algo parecido con vivienda: el Ejecutivo pretende aprobar este martes un real decreto ley sin tener todavía cerrado el acuerdo parlamentario necesario para convalidarlo posteriormente.

Gobernar así tiene una consecuencia evidente: cada socio obtiene capacidad para condicionar cada decisión.

Junts reclama unas cosas.

Podemos otras.

PNV otras.

Sumar otras.

ERC otras.

Y el PSOE tiene que construir una norma capaz de atravesar ese laberinto.

Eso puede llamarse pluralidad parlamentaria.

Pero también produce una sensación difícil de ignorar: que demasiadas decisiones nacionales dependen de negociaciones de última hora entre partidos con intereses territoriales e ideológicos completamente diferentes.

Sumar: protesta contra el Gobierno… estando dentro del Gobierno

Aquí aparece una de las imágenes políticas más extrañas de esta semana.

Sumar exige públicamente que el Gobierno actúe.

Pero Sumar forma parte del Gobierno.

Ha llegado a amenazar con plantar al PSOE en el Consejo de Ministros si no se lleva el decreto de vivienda y reclama, entre otras medidas, recuperar la prórroga de alquileres, reforzar las protecciones contra los desahucios y expropiar la vivienda en la que residía Maricarmen.

La discrepancia dentro de una coalición es perfectamente legítima.

Lo desconcertante aparece cuando el socio minoritario adopta un discurso casi indistinguible del de una organización que estuviera manifestándose frente al propio Ejecutivo.

¿Sumar está denunciando las políticas del Gobierno o está asumiendo la responsabilidad de gobernar?

Puede hacer las dos cosas.

Lo que resulta más complicado es pretender que ninguna decisión impopular tenga relación con su presencia en el Consejo de Ministros.

No se puede estar permanentemente dentro de la fotografía cuando llegan las medidas populares y fuera del encuadre cuando aparece el desgaste.

Podemos: oposición a la oposición de la izquierda

Y todavía queda otra capa.

Podemos ya no está dentro del Gobierno y está utilizando precisamente esa posición para atacar tanto al PSOE como a Sumar.

Ione Belarra ha acusado al Ejecutivo de quedarse en medidas de “maquillaje” frente al problema estructural de la vivienda y exige recuperar el denominado escudo social y las prórrogas de alquileres.

Así llegamos a una situación política curiosa.

El PSOE gobierna.

Sumar gobierna con el PSOE pero presiona públicamente al PSOE.

Podemos critica al PSOE y cuestiona también la estrategia de Sumar.

Y todos compiten por presentarse ante un electorado parecido como el que verdaderamente quiere transformar la vivienda.

Mientras tanto, el precio de la vivienda no entiende de familias políticas ni de guerras internas de la izquierda.

Maricarmen: cuando una tragedia individual mueve lo que meses de política no movieron

El caso de Maricarmen Abascal ha provocado una enorme reacción social.

Tiene 87 años, llevaba décadas viviendo en su vivienda de Madrid y su desahucio ha terminado convertido en símbolo nacional del problema inmobiliario.

Pero precisamente por eso merece hacerse una pregunta bastante desagradable.

¿Por qué hizo falta una mujer de 87 años saliendo de su vivienda para que las negociaciones políticas se acelerasen?

El propio Gobierno llevaba meses trabajando en el decreto. Ya se había intentado aprobar anteriormente y quedó aplazado por falta de consenso. Tras el desahucio, las negociaciones se aceleraron.

Ese es quizá el aspecto más preocupante.

No que la política reaccione ante un drama social.

Debe hacerlo.

Lo preocupante es que un problema estructural necesite una imagen emocional suficientemente potente para desbloquear decisiones que llevaban meses paralizadas.

La política pública debería anticiparse a las tragedias. No necesitar una tragedia para ponerse en movimiento.

Junts y PNV: sus votos no están garantizados

Aquí tampoco sirve simplificar.

No puede afirmarse que Junts vaya a votar necesariamente en contra.

Está negociando.

Pero sus posiciones chocan con algunos planteamientos defendidos desde la izquierda: Junts reclama incentivos fiscales para propietarios, garantías para pequeños propietarios y respeto a las competencias catalanas.

Y ahí aparece otra paradoja.

Se anuncia un gran decreto social.

Después hay que conseguir que lo apoyen partidos cuyos planteamientos sobre vivienda pueden ser profundamente diferentes.

El titular puede escribirse en Moncloa, pero la letra pequeña termina negociándose voto a voto.

ERC: oposición, socio y fábrica de titulares

ERC desempeña otro papel peculiar.

Gabriel Rufián ha criticado duramente que el Gobierno acepte exigencias de Junts y ha acusado a la formación catalana de ejercer presión sobre el Ejecutivo. También ha advertido de que el problema de la vivienda está castigando electoralmente a la izquierda.

Son afirmaciones políticas perfectamente legítimas.

Pero muestran otro fenómeno del Congreso actual.

La batalla ya no se libra únicamente para modificar una ley.

También se libra para dominar el relato sobre la ley.

Cada grupo necesita salir del debate pudiendo decir que presionó más, cedió menos o denunció antes.

Y cuanto más contundente sea la frase, mejor funciona después recortada en redes sociales.

Mientras tanto, los decretos continúan necesitando mayorías parlamentarias.

Instagram no convalida leyes.

PP y Vox: fiscalizar es necesario; vivir permanentemente del incendio es otra cosa

PP y Vox llegarán a la sesión de control con abundante munición política.

Eso es normal.

La oposición existe precisamente para fiscalizar al Gobierno.

El problema aparece cuando toda política termina reducida a comprobar qué escándalo proporciona el mejor ataque contra Sánchez.

Porque también existe una pregunta que debe dirigirse a la oposición:

¿Qué solución concreta propone cuando termine la intervención parlamentaria?

Criticar la gestión de Ceuta es legítimo.

Preguntar por las investigaciones judiciales es legítimo.

Exigir explicaciones es legítimo.

Pero una democracia necesita algo más que un Gobierno intentando sobrevivir y una oposición intentando demostrar que no debería sobrevivir.

Necesita alternativas legislativas capaces de funcionar cuando se apagan las cámaras.

Ceuta: aquí el problema no cabe en un meme

Y después está Ceuta.

Aquí conviene abandonar directamente el espectáculo.

La entrada irregular de personas de finales de julio generó una situación extraordinaria por su impacto en las administraciones públicas, los servicios esenciales y la vida ciudadana. El Gobierno tuvo que aprobar medidas específicas de apoyo y el Congreso terminó convalidándolas.

Pero continúan existiendo cuestiones graves que deben esclarecerse.

La actuación de las administraciones, los avisos previos existentes, la gestión de la crisis y las responsabilidades de quienes tenían información deben investigarse con documentación y hechos.

No con teorías prefabricadas.

Ni las explicaciones del Gobierno deberían aceptarse automáticamente por proceder del Gobierno, ni las acusaciones de la oposición convertirse automáticamente en hechos probados porque encajen bien en un discurso.

Ceuta merece algo bastante más serio que convertirse en cinco minutos de bronca parlamentaria.

Zapatero y las joyas: las explicaciones tienen que ser extraordinariamente claras

Más de 60 joyas fueron encontradas por la Policía en una caja fuerte vinculada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dentro de una investigación judicial.

La primera valoración pericial publicada situó el valor del conjunto por encima del millón de euros.

Zapatero sostiene que parte de las piezas proceden de regalos recibidos años atrás y ha defendido su versión ante el juez.

Tiene derecho a defenderse.

Tiene derecho a la presunción de inocencia.

Y precisamente por la relevancia del asunto, la explicación debe ser exhaustiva.

Porque cuando un expresidente del Gobierno tiene que explicar el origen de joyas de enorme valor, el asunto deja de ser una simple anécdota sobre una caja fuerte.

Surgen preguntas sobre su origen, su propiedad, su documentación y su tratamiento.

Responderlas protege tanto al investigado como a las instituciones.

Delcy y Aldama: los mensajes existen; las acusaciones todavía deben probarse

Y esta semana llega otro ingrediente.

Se han publicado nuevos mensajes intervenidos entre Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez que muestran una relación de comunicación entre ambos y referencias a cuestiones vinculadas con la política española.

Otra cosa diferente son las acusaciones de Aldama sobre una supuesta financiación irregular del PSOE vinculada a negocios venezolanos.

Eso no puede presentarse como un hecho probado.

Son afirmaciones que forman parte de investigaciones y controversias judiciales y políticas.

Pero tampoco sería razonable despachar los mensajes como si carecieran de interés público.

Precisamente para eso están los tribunales y las investigaciones: para separar lo demostrado de lo alegado.

La política debería facilitar ese esclarecimiento.

No sustituirlo por tertulias.

Y mañana, otra vez, todos tendrán razón durante cinco minutos

Ese quizá sea el auténtico problema.

El PSOE explicará por qué necesita seguir gobernando.

Sumar explicará por qué el Gobierno en el que participa debería hacer más.

Podemos explicará por qué PSOE y Sumar hacen demasiado poco.

PP y Vox explicarán por qué el Gobierno es responsable de prácticamente todo.

ERC explicará por qué otros socios condicionan demasiado al Gobierno.

Junts y PNV recordarán que sin negociar con ellos determinadas mayorías simplemente no existen.

Y probablemente cada uno conseguirá un vídeo estupendo para sus redes sociales.

Pero fuera del Congreso continuará existiendo exactamente el mismo país.

Con ciudadanos buscando vivienda.

Con Ceuta intentando recuperar la normalidad.

Con investigaciones judiciales que necesitan respuestas.

Con una mayoría parlamentaria extraordinariamente frágil.

Y con la sensación creciente de que la política española se ha especializado en identificar culpables mucho más rápido de lo que encuentra soluciones.

Eso es quizá lo verdaderamente preocupante.

No que PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos, ERC, Junts o PNV discrepen.

Eso es democracia.

El problema aparece cuando la discrepancia deja de ser el mecanismo para alcanzar una decisión y se convierte en el producto final.

Cuando gobernar significa culpar al socio.

Cuando apoyar significa amenazar con retirar el apoyo.

Cuando hacer oposición significa esperar el siguiente escándalo.

Cuando una tragedia humana se convierte en una oportunidad política.

Y cuando cualquier problema necesita convertirse primero en tendencia para que alguien decida ocuparse de él.

Mañana empezará otro Pleno.

Habrá aplausos.

Habrá abucheos.

Habrá vídeos virales.

Habrá frases lapidarias.

Lo que todavía está por comprobar es algo bastante más sencillo:

si después de todo ese ruido habrá alguna solución.